Ley fiscal: FMI ve un paso significativo para 2026
La ley fiscal presentada por el Gobierno nacional ante el Congreso recibió el respaldo formal de los organismos multilaterales esta semana. La vocera de la entidad financiera destacó la relevancia de este paquete económico para atender los compromisos del Estado, ordenar el gasto administrativo y garantizar la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.
El respaldo del Fondo Monetario Internacional a las medidas
El Fondo Monetario Internacional calificó la iniciativa gubernamental como una determinación oportuna frente al panorama financiero que atraviesa el país. Julie Kozack, portavoz oficial de la entidad, afirmó que la presentación del documento ante el Legislativo representa un avance importante para atender las obligaciones heredadas y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el territorio colombiano.
La vocería multilateral explicó que el organismo mantiene su disposición de cooperar activamente con el equipo económico del Ejecutivo. La propuesta, denominada formalmente por la administración central como ley de rescate económico, tiene como meta conseguir un recaudo adicional y ahorros por COP 51 billones en el año 2027, con una proyección que se amplía hasta COP 122 billones hacia 2030.
Desde la perspectiva del organismo internacional, este paquete normativo fija un camino necesario frente a los compromisos de deuda del país. La portavoz oficial reiteró que la entidad espera continuar con una agenda técnica cercana para dar seguimiento a los resultados que genere la ley fiscal durante sus etapas de análisis.
¿Qué propone la ley fiscal para reducir el gasto público?
El proyecto gubernamental contempla una reestructuración de los gastos operativos institucionales para disminuir el tamaño del Estado en un 15 %. De acuerdo con las precisiones del Ministerio de Hacienda, el recorte de egresos estatales equivale aproximadamente al 70 % de toda la meta del plan económico anunciado.
Para conseguir estos niveles de reducción, el articulado establece una serie de disposiciones de austeridad administrativa que afectarán varias áreas operativas:
- Disminución del 50 % en el presupuesto destinado a contratos de prestación de servicios a partir del periodo 2027.
- Reducción del 20 % en el rubro de salarios para todas las entidades públicas dentro del Presupuesto general desde 2028, exceptuando únicamente a la Fuerza Pública.
- Traslado de los recursos catalogados como dineros inmovilizados en fondos hacia la caja central de la nación.
- Facultades extraordinarias otorgadas al presidente durante un plazo de seis meses para fusionar o suprimir dependencias y ministerios.
Diversos sectores del Congreso han comenzado a revisar minuciosamente estos apartados. Parlamentarios de bancadas aliadas y opositoras han señalado que evaluarán las medidas para verificar que el recorte no vulnere el funcionamiento esencial de las entidades ni la atención a la ciudadanía.
Los cambios tributarios para personas y empresas
En el frente de los ingresos tributarios, el articulado promueve una profunda modificación del impuesto al valor agregado. La norma plantea suprimir exenciones y exclusiones actuales para que bienes y servicios gravados al 0 % o al 5 % pasen a una tarifa general del 19 %, un cambio que se aplicaría de manera inmediata o progresiva hacia 2028.
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Para mitigar el golpe económico en las familias más vulnerables, el Ejecutivo estructuró el esquema denominado EfectIVA. A través de este mecanismo social, cerca de 19 millones de personas en condiciones de pobreza obtendrían la devolución íntegra del tributo cancelado, mientras que otros 16 millones recibirían un reintegro parcial de hasta la mitad del gravamen.
En el sector corporativo, la ley fiscal propone incentivos para favorecer la inversión y la productividad de los negocios formales. La tarifa general para personas jurídicas descendería del 35 % actual al 33 % en 2027 y alcanzaría el 31 % en 2028, complementada con el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial enfocado en megaproyectos entre 2027 y 2029.
Sin embargo, las personas naturales enfrentarán una carga mayor en el tributo de renta. Mientras que en 2026 no tributan quienes posean una base gravable inferior a 1.090 UVT, equivalentes a COP 57,1 millones anuales, la reforma busca que el umbral baje a 720 UVT, es decir, unos COP 37,7 millones, gravando el tramo intermedio con una tasa del 9 %.
El diálogo internacional y los próximos pasos del proyecto
El desarrollo del ajuste fiscal continuará estrechamente ligado a las conversaciones técnicas entre el equipo ministerial y los delegados extranjeros. Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, señaló anteriormente que el país requiere un proceso ordenado que resguarde a las poblaciones vulnerables sin frenar el crecimiento a largo plazo.
Durante el mes de noviembre, una delegación internacional llegará al país para dar inicio a la consulta del Artículo IV. Este procedimiento permitirá revisar las condiciones macroeconómicas internas y examinar eventuales esquemas de asistencia técnica o acuerdos financieros multilaterales.
El trámite del articulado en las comisiones económicas del Legislativo marcará el ritmo de las negociaciones políticas durante las próximas semanas. El avance de la ley fiscal dependerá de los consensos logrados entre los funcionarios estatales y los congresistas para definir los ajustes definitivos que requiere la nación.
Fuente: elespectador.com