Las amenazas contra Hidroituango: nuevo informe de 2026
Las amenazas contra Hidroituango fueron expuestas por Empresas Públicas de Medellín ante el Congreso de la República a inicios de 2026, tras una serie de extorsiones y hostigamientos armados ocurridos en Antioquia. La compañía estatal detalló los riesgos operativos que enfrentaron sus instalaciones y proyectos estratégicos frente a los grupos armados ilegales.
¿Qué reveló EPM sobre las amenazas contra Hidroituango?
Durante una sesión de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, los voceros de EPM presentaron un informe sobre la situación de seguridad. El documento reveló que el frente 36 de las disidencias y otras organizaciones ilegales exigieron sumas millonarias para permitir la continuidad operativa de la central hidroeléctrica.
Las pretensiones económicas ilegales alcanzaron una cuota inicial de $5.000 millones, a la que se sumaban cobros mensuales recurrentes. La empresa pública coordinó de inmediato las acciones pertinentes con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el CTI al responder a las presiones económicas y advertencias que acompañaron a las amenazas contra Hidroituango.
En las comunicaciones intimidatorias también figuraron menciones explícitas hacia la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín. Aunque los documentos corporativos no señalaron la materialización de atentados directos contra las estaciones del metro ni la sede administrativa distrital, el Clan del Golfo y las disidencias mantuvieron una fuerte presión sobre la entidad.
Afectaciones a la infraestructura energética y de transporte
Los hechos violentos documentados por la compañía no se limitaron a intimidaciones verbales o escritas. La facción armada bajo el mando de alias Calarcá, perteneciente al frente 36 de las disidencias, instaló dos artefactos explosivos en la vía principal hacia el complejo hidroeléctrico, hecho que causó la muerte de un suboficial del Ejército y dejó herido a un militar.
Este ataque provocó el cierre de la carretera y frenó durante casi una semana el transporte de insumos críticos para la operación técnica. De manera simultánea, los atentados contra la infraestructura energética incluyeron la detonación de cargas en tres torres de transmisión eléctrica ubicadas en jurisdicciones de Medellín y Bello, mientras se reportaban de forma paralela las amenazas contra Hidroituango en el norte del departamento.
Asimismo, los sistemas de vigilancia de la empresa registraron en marzo de 2026 sobrevuelos de drones no autorizados sobre el embalse y las obras principales. Estos eventos evidenciaron nuevas modalidades de vigilancia criminal sobre las instalaciones de servicios públicos.
Minería ilegal y presiones en las cuencas de Porce
El informe remitido a los legisladores advirtió que la crisis de orden público abarcó otras centrales estratégicas del departamento, como Porce II y Porce III. En las áreas de influencia de estas plantas se identificaron 26 socavones mineros ilícitos que comprometen la estabilidad ambiental y operativa de los afluentes.
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Las inspecciones técnicas permitieron constatar las siguientes afectaciones provocadas por la extracción no autorizada de minerales en estos sectores hídricos:
- Presencia activa de una maquinaria tipo draga para la remoción de sedimentos en los cauces fluviales.
- Instalación de dos campamentos con aproximadamente 124 personas dedicadas a labores extractivas sin permisos.
- Riesgos geológicos y desvíos de corrientes de agua que alteran el funcionamiento normal de los embalses.
- Convergencia de grupos armados ilegales que compiten por rentas ilícitas en los municipios ribereños.
En estos territorios operan facciones como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y disidentes armados, generando disputas territoriales que se suman al clima generado por las amenazas contra Hidroituango en otras subregiones.
El impacto de las amenazas contra Hidroituango en el territorio
Las restricciones impuestas por los grupos al margen de la ley alteraron las rutinas de trabajo en el norte y nordeste antioqueño. Ante la exigencia de permisos informales por parte de los grupos armados, la empresa debió ajustar sus protocolos ante las amenazas contra Hidroituango para proteger al personal.
La compañía determinó restringir de forma temporal el ingreso de sus cuadrillas técnicas a zonas rurales del municipio de Briceño, abarcando por lo menos 17 veredas. Esta medida preventiva respondió a retenciones de colaboradores y expulsiones de trabajadores mientras ejecutaban labores de mantenimiento en la red.
El fenómeno delictivo también se manifestó en sectores urbanos y periurbanos del Valle de Aburrá. En el asentamiento irregular de Granizal, situado en Bello, estructuras del Clan del Golfo cobraron cuotas por agua cruda, revendieron agua potable y amenazaron a conductores encargados del abastecimiento hídrico comunitario.
Próximos pasos y llamado al control institucional
Ante la gravedad de los reportes entregados por la jefatura de seguridad de la empresa prestadora de servicios, líderes políticos instaron al Gobierno nacional a recuperar el control territorial integral. La solicitud enfatizó la necesidad urgente de proteger la infraestructura energética en las zonas afectadas por el accionar armado.
El debate parlamentario puso en evidencia que las presiones sobre los servicios públicos esenciales representan un desafío crítico para las instituciones del Estado. Durante los próximos meses, el seguimiento a las amenazas contra Hidroituango continuará en el ámbito judicial y parlamentario mediante la articulación entre las autoridades civiles y los organismos de seguridad.
Fuente: infobae.com