Ley de Rescate Económico: claro impacto en 2027
La Ley de Rescate Económico generará un impacto directo sobre la inflación en Colombia durante 2027 y 2028 debido a las modificaciones tributarias propuestas. El incremento en el costo de vida obedecerá principalmente al ajuste en las tarifas del IVA, la implementación de gravámenes saludables y la revisión de cargas impositivas generales en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la Exposición de Motivos oficial, la iniciativa legal incrementaría la inflación hasta en 0,6 puntos porcentuales a lo largo de 2027. Para el año siguiente, el encarecimiento proyectado alcanzaría otros 1,4 puntos porcentuales adicionales, dependiendo del grado de traslado que apliquen los comerciantes a los consumidores finales.
¿Cuánto subirá la inflación con la Ley de Rescate Económico?
Durante el primer año de aplicación, la Ley de Rescate Económico elevará los índices de precios debido a las modificaciones aplicadas a los impuestos al consumo. Según las estimaciones oficiales, este rubro aportará cerca de 0,5 puntos porcentuales al resultado final previsto para ese periodo.
La mediana de los analistas consultados por el Banco de la República calculaba una inflación del 5% para el cierre de 2027. Con la entrada en vigor de los ajustes contemplados en el proyecto legislativo, el indicador general treparía hasta situarse en un 5,6% anual.
El encarecimiento restante provendrá de una menor cobertura en exenciones tributarias específicas. De esta manera, el Ministerio de Hacienda prevé que los aumentos directos e indirectos sumen presiones notables en diversos sectores de la cadena de distribución comercial.
Bienes gravados y modificaciones tributarias
El endurecimiento de los impuestos al consumo recaerá con fuerza en categorías específicas como licores, cervezas, cigarrillos y dispositivos electrónicos tipo vapeador. Las tarifas específicas y ad valórem subirán progresivamente entre 2027 y 2028 para desincentivar estos consumos y elevar los ingresos estatales.
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A partir de 2028, se implementará la eliminación de la tarifa preferencial del 5% del IVA sobre bienes procesados ajenos a la canasta familiar básica. Dichos productos comenzarán a tributar con una tarifa general del 19%, encareciendo insumos para hoteles, restaurantes y actividades de servicios.
Asimismo, los gravámenes saludables y los impuestos al carbono sumarán cargas adicionales sobre bebidas azucaradas y combustibles fósiles. El incremento derivado de los combustibles fósiles repercutirá en mayores gastos logísticos de transporte, los cuales terminarán reflejados en el precio final de múltiples artículos cotidianos.
Medidas de protección para los alimentos básicos
Para mitigar el deterioro del poder adquisitivo, la propuesta mantendrá la exclusión tributaria sobre varios alimentos básicos esenciales en el consumo familiar. La normativa preservará sin IVA a productos de alto consumo diario como el arroz, la carne, el pollo, la leche, los huevos, el pan y la yuca.
De igual forma, el combustible ACPM quedará excluido del IVA para salvaguardar los costos del transporte pesado de carga. Con esta medida se pretende contener los fletes terrestres y evitar que los alimentos básicos sufran sobrecostos durante su movilización hacia las principales plazas de mercado del país.
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Como mecanismo complementario de alivio social, el Gobierno nacional presentó el esquema denominado EfectIVA. A través de este sistema se busca devolver hasta el 100% del gravamen cancelado por las familias vulnerables, cubriendo al 68% de la población de menores recursos.
Efectos fiscales y consolidación a largo plazo
A pesar del impacto inicial, el Ministerio de Hacienda sostiene que la Ley de Rescate Económico permitirá moderar las presiones inflacionarias a partir de 2029. La entidad argumenta que la consolidación fiscal y la disminución del gasto público contribuirán a sanear las cuentas estatales en el mediano plazo.
El proyecto gubernamental contempla un ambicioso plan de austeridad que incluye recortar un 20% de la nómina estatal hacia 2028. Además, los contratos públicos futuros se ajustarán estrictamente según la variación anual del índice de precios al consumidor reportado por las autoridades estadísticas.
Bajo este enfoque de ajuste estructural, la Ley de Rescate Económico buscará moderar la demanda agregada para facilitar el cumplimiento de las metas del emisor. El Ministerio de Hacienda estima que el saneamiento fiscal restará en promedio 0,4 puntos porcentuales anuales a la inflación entre 2027 y 2030.
Fuente: elcolombiano.com