Persecución de grupos armados: nuevo marco 2026
La persecución de grupos armados es la prioridad del nuevo proyecto legislativo que el Congreso de Colombia aprobó al filo de la medianoche del martes en Bogotá. La iniciativa fue presentada por la administración de Abelardo de la Espriella para sustituir la política de paz total que rigió en el periodo anterior y únicamente requiere la sanción presidencial para entrar en vigor.
Un nuevo marco para la persecución de grupos armados
La votación parlamentaria concluyó con un respaldo mayoritario en ambas cámaras legislativas. En el Senado de la República, la propuesta obtuvo 57 votos a favor frente a 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes la diferencia fue de 95 apoyos ante 10 negativas. La discusión legislativa se resolvió en el límite del plazo legal establecido para actualizar la norma de orden público vigente desde 1997.
Con este resultado, el Estado formaliza un giro en sus directrices frente a las estructuras al margen de la ley. El gobierno argumentó que la estrategia anterior otorgó incentivos equivocados a las organizaciones delictivas y facilitó su expansión en diversas regiones. Por ello, la administración actual determinó enfocar los recursos institucionales en una decidida persecución de grupos armados a través de la fuerza pública y los tribunales ordinarios.
De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz, las organizaciones armadas experimentaron un crecimiento notable en los últimos años. Los registros de este centro de estudios indicaron que en diciembre de 2022 existían unos 15.120 hombres en armas en el territorio nacional, mientras que para julio de 2026 el indicador se elevó a 28.802 integrantes, con una presencia destacada del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
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¿Qué cambios introduce la nueva normativa legal?
El texto aprobado redefine las condiciones bajo las cuales los miembros de organizaciones armadas pueden comparecer ante las autoridades judiciales. A diferencia de las disposiciones previas, se establecen exigencias estrictas respecto a la entrega de recursos económicos y la colaboración efectiva con las investigaciones en curso.
- Tratamiento diferenciado y rebajas de penas condicionadas a la colaboración demostrada para desmantelar las redes ilícitas.
- Veto explícito al levantamiento de órdenes de captura contra cabecillas o mandos de estas estructuras.
- Mantenimiento inalterable de los procesos y solicitudes de extradición internacional.
- Obligación de entregar la totalidad de los bienes obtenidos mediante actividades delictivas sin compensación económica.
- Imposición de sanciones penales severas a los responsables del delito de reclutamiento.
Respecto al sometimiento a la justicia, las autoridades ministeriales precisaron que no existirán concesiones especiales ni suspensión de diligencias judiciales. La nueva política de seguridad busca que cualquier beneficio procesal dependa exclusivamente de aportes verificables para neutralizar a las estructuras ilegales, manteniendo activa la persecución de grupos armados en todo el territorio nacional.
Debate en el Congreso y balances sobre la política de seguridad
Durante las jornadas de discusión en las cámaras, representantes de la oposición expresaron reparos frente al alcance de las rebajas punitivas contenidas en el articulado. Desde la bancada del Pacto Histórico se cuestionó que el mecanismo contemple reducciones de penas para procesados por delitos como el lavado de dinero o la comandancia de organizaciones criminales, al considerar que contradice el discurso inicial de firmeza judicial.
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Desde la posesión presidencial en agosto, el Ejecutivo reactivó las órdenes de captura contra los voceros de las estructuras criminales que intervenían en acercamientos formales. Asimismo, el gobierno dio trámite a pedidos de extradición hacia Estados Unidos de varios integrantes de estas organizaciones, intensificando la persecución de grupos armados en el plano judicial y diplomático.
No obstante las medidas de control estatal, diversas regiones continúan enfrentando hechos de violencia armada. Recientemente, la Agencia Nacional de Infraestructura constató la detonación de explosivos en una estación de peaje del Valle del Cauca, un suceso en el suroeste colombiano que afortunadamente no causó víctimas mortales.
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Operativos policiales y despliegue en zonas de frontera
A la par del avance legislativo, las fuerzas estatales han ejecutado intervenciones operativas en zonas urbanas y pasos limítrofes. En Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela que permanece militarizada tras recientes ataques con explosivos y el asesinato de un exfuncionario, el mandatario encabezó el operativo Némesis, que culminó con al menos 109 personas capturadas y 32 expulsadas.
Las autoridades informaron que este despliegue impactó redes dedicadas a la extorsión, homicidio, contrabando y narcotráfico en la zona fronteriza, donde se decomisaron 10 kilos de estupefacientes. La estrategia operacional pretende frenar el flujo delictivo que utiliza pasos limítrofes para sostener actividades ilícitas mediante una continua persecución de grupos armados organizados.
En el litoral pacífico también se reportaron incautaciones significativas en el marco de la política de seguridad marítima. Durante dos procedimientos navales recientes, los uniformados interceptaron 854 kilos de cocaína y marihuana, arrestando a cinco ciudadanos implicados. Estas intervenciones forman parte de las directrices gubernamentales para estrechar el cerco a las economías ilegales por vía terrestre, marítima y aérea.
Fuente: audacy.com