Reconstrucción por Impuestos se socializa en Medellín
Proantioquia, la RedPRO y aliados socializaron el 5 de noviembre en Medellín la propuesta de Reconstrucción por Impuestos ante más de 120 empresarios y delegados del Gobierno. La iniciativa busca adaptar Obras por Impuestos a la recuperación de zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto. Aunque Antioquia está incluida entre los departamentos cubiertos por el mecanismo, no se han confirmado proyectos asignados a municipios del departamento.
La propuesta de Reconstrucción por Impuestos (REXI) fue socializada en Medellín ante más de 120 empresarios y delegados del Gobierno Nacional, en un encuentro convocado por Proantioquia, la RedPRO y otras organizaciones aliadas. La iniciativa busca adaptar la experiencia de Obras por Impuestos para vincular a empresas con la recuperación de municipios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026. La reunión del 5 de noviembre no significa que ya se hayan asignado recursos a proyectos concretos en Antioquia: el mecanismo tiene alcance nacional y su aplicación depende de los territorios oficialmente priorizados y de la estructuración de cada intervención.
La idea parte de un instrumento conocido por el empresariado antioqueño. Obras por Impuestos permite que determinadas compañías destinen parte de sus obligaciones tributarias a la ejecución de proyectos de inversión en territorios priorizados. La modalidad especial de Reconstrucción por Impuestos se habilitó mediante el Decreto Legislativo 1389 de 2026, expedido el 9 de septiembre, dentro de las medidas para atender la emergencia declarada por los daños del terremoto. La Agencia de Renovación del Territorio mantiene el decreto en su listado oficial de normativa del mecanismo. Por tanto, la novedad del 5 de noviembre no fue la creación del instrumento, sino la socialización de una propuesta de gobernanza y ejecución con empresarios y funcionarios.
Cómo funcionaría el mecanismo
Durante el encuentro, Proantioquia planteó que los contribuyentes puedan ejecutar directamente proyectos en frentes de vivienda, salud, educación y gestión del riesgo, dentro de municipios y departamentos con mayores niveles de afectación. La propuesta también establece criterios para vincular personas jurídicas con ingresos brutos anuales iguales o superiores a aproximadamente $1.800 millones y con impuesto de renta a cargo. Estos parámetros deben leerse como lineamientos presentados por los promotores; su aplicación definitiva debe contrastarse con el decreto, el manual operativo y las disposiciones tributarias vigentes.
La iniciativa propone que Proantioquia coordine una Mesa Nacional de REXI, en articulación con capítulos regionales de la RedPRO y las gerencias departamentales del Fondo Milagro. La función de esa mesa sería ordenar la estructuración técnica de los proyectos y facilitar la vinculación de contribuyentes. Para que el esquema funcione, no basta con reunir empresas interesadas: cada obra necesita diagnóstico, presupuesto, permisos, cronograma, entidad responsable, interventoría, indicadores y un mecanismo transparente para comprobar que los recursos se traducen en infraestructura y servicios.
La experiencia de Antioquia es uno de los argumentos centrales de los promotores. Proantioquia afirma que su plataforma ha movilizado el 88 % de los $1,3 billones asignados al departamento en más de 100 proyectos desde 2018. En un balance publicado por la propia organización en julio de 2026, la entidad informó que durante el primer semestre se aprobaron 26 proyectos por más de $330.000 millones. Esos antecedentes muestran que el departamento ha desarrollado capacidades para estructurar alianzas entre empresas, entidades territoriales y Gobierno Nacional, pero no garantizan que la nueva modalidad tenga los mismos resultados ni que esos recursos históricos estén disponibles para la reconstrucción del sismo.
El tamaño de la emergencia y el cupo nacional
A escala nacional, Caracol Radio reportó que Obras por Impuestos ha movilizado más de $5 billones desde su entrada en funcionamiento, con participación acumulada de 279 empresas. Esa cifra corresponde al mecanismo general y no debe sumarse al presupuesto específico de REXI. La reconstrucción tiene su propia escala: el Ministerio de Vivienda informó que el sismo dejó afectaciones en 498 municipios de 16 departamentos, con más de 203.000 viviendas averiadas y cerca de 51.800 destruidas. El Gobierno estimó necesidades de reconstrucción por alrededor de $19,7 billones y señaló que el nuevo mecanismo podría habilitar un cupo nacional de hasta $10 billones, sujeto a las reglas fiscales y de asignación correspondientes.
El cupo máximo de $10 billones no es una bolsa reservada para Antioquia ni significa que todo ese dinero esté aprobado o disponible de inmediato. Es un techo nacional anunciado para atender los territorios afectados, con un esquema de implementación que requiere identificar proyectos elegibles y asegurar su viabilidad. La cobertura del sismo se concentró especialmente en Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas, según la información divulgada en el encuentro. Antes de presentar a municipios antioqueños como beneficiarios, la redacción debe revisar el listado oficial de territorios afectados y las resoluciones de priorización.
El mecanismo puede ser útil cuando conecta recursos tributarios con necesidades que tienen proyectos maduros y supervisión suficiente. En vivienda, por ejemplo, la reconstrucción puede requerir evaluación estructural, diseños, licencias, adquisición de materiales y soluciones temporales para las familias afectadas. En salud y educación, la intervención puede incluir reparación de sedes, dotación o recuperación de redes de servicios. En gestión del riesgo, las obras deben responder a estudios técnicos y no limitarse a reconstruir exactamente lo que existía antes del desastre si esa infraestructura estaba expuesta a nuevas amenazas.
El papel del sector privado y las condiciones de transparencia
La experiencia previa de Obras por Impuestos en Antioquia muestra que la estructuración y el acompañamiento empresarial son tan importantes como el monto anunciado. Proantioquia ha señalado que su plataforma trabaja con empresas contribuyentes y entidades públicas para identificar proyectos, resolver obstáculos y hacer seguimiento a la ejecución. Ese conocimiento podría trasladarse a la reconstrucción, siempre que existan reglas claras para seleccionar municipios, contratar, vigilar costos, publicar avances y atender las necesidades de las comunidades.