Contraloría advierte hallazgo fiscal en compra de Afinia
La Contraloría Distrital de Medellín reportó un hallazgo de presunta incidencia fiscal por $739.562 millones relacionado con la compra de Afinia por parte de EPM en 2020. La contralora Paula Andrea Ortega explicó que el caso pasará a la oficina de responsabilidad fiscal. Telemedellín publicó la entrevista el 30 de octubre a las 12:45 p. m. y aclaró que las personas vinculadas tendrán derecho a defenderse durante el proceso.
La Contraloría Distrital de Medellín reportó un hallazgo de presunta incidencia fiscal por $739.562 millones relacionado con la compra de Afinia por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 2020. La contralora Paula Andrea Ortega explicó que el resultado proviene de auditorías financieras y que el proceso será remitido a la oficina de responsabilidad fiscal para que se adelante la actuación correspondiente. Telemedellín publicó la entrevista el viernes 30 de octubre a las 12:45 p. m. telemedellin.tv
La cifra no debe presentarse como una condena, una multa ni una obligación de pago que ya haya sido impuesta a EPM o a personas vinculadas a la operación. La Contraloría habló de un hallazgo con presunta incidencia fiscal, una etapa que requiere una investigación posterior para determinar si existió daño patrimonial, quiénes serían responsables y si hay lugar a una decisión de responsabilidad fiscal.
La contralora explicó que el proceso pasará a la oficina correspondiente y que el término de prescripción es de cinco años. También señaló que la entidad tiene como meta resolver los procesos de responsabilidad fiscal en un plazo de dos años, de acuerdo con su plan estratégico. La funcionaria indicó que las personas que sean vinculadas tendrán derecho a ejercer su defensa y controvertir las pruebas que se recauden.
La noticia es relevante porque la compra de Afinia fue una operación estratégica para el Grupo EPM, empresa pública del Distrito de Medellín. La adquisición permitió que EPM entrara a operar una parte importante del mercado de distribución y comercialización de energía en la región Caribe. La investigación fiscal busca establecer si las decisiones tomadas durante esa operación generaron un posible daño a los recursos públicos o a las finanzas de la empresa.
¿Cómo llegó Afinia al Grupo EPM?
El Gobierno Nacional y EPM formalizaron el cierre de la transacción por CaribeMar el 30 de septiembre de 2020. Afinia comenzó a prestar el servicio de energía eléctrica el 1 de octubre de ese año, en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y municipios de Magdalena. La operación se originó en un proceso de precalificación que comenzó en 2019, continuó con la subasta de las acciones y culminó con la firma del contrato de adquisición el 30 de marzo de 2020. epm.com.co
La transacción representó una expansión importante para EPM. La empresa informó en 2020 que Afinia atendería a cerca de 1,5 millones de clientes, equivalentes a seis millones de personas. También anunció un plan de inversión de $8 billones durante diez años para modernizar la infraestructura y mejorar la prestación del servicio. El objetivo era recuperar redes, fortalecer la atención al usuario y mejorar la calidad del suministro en una región que enfrentaba problemas de infraestructura y recaudo.
La adquisición se produjo en un mercado con dificultades estructurales. La prestación del servicio en la región Caribe estaba marcada por pérdidas de energía, baja cultura de pago, conexiones ilegales y necesidades de inversión en redes. Estos factores hacían que la operación requiriera recursos y una estrategia de recuperación que no dependía únicamente de la compra de la empresa, sino también de la capacidad de gestionar el mercado y de las condiciones regulatorias.
La Contraloría sostiene que antes de la compra existían advertencias sobre los riesgos financieros de Afinia. Según la entrevista a Ortega, la entidad había señalado en informes presentados al Concejo de Medellín que la situación de la empresa podía afectar las finanzas de EPM. La funcionaria también mencionó factores como el bajo recaudo, la situación de intervención de CaribeMar, la abstención del revisor fiscal de emitir un dictamen del año anterior y el contexto de la pandemia de covid-19.
¿Qué cuestiona la Contraloría?
La contralora indicó que el hallazgo se estructuró durante una auditoría financiera a EPM. La entrevista señala que la Contraloría había advertido sobre riesgos asociados a Afinia y cuestiona que la junta directiva de EPM de la época hubiera decidido continuar con la compra pese a esas alertas.
La publicación de Telemedellín también atribuye a la Contraloría la afirmación de que Afinia genera pérdidas superiores a un billón de pesos al año para EPM. Esa cifra debe presentarse como una valoración expresada por la contralora en la entrevista, no como un resultado financiero auditado que ya haya sido aceptado por la empresa o por otra autoridad.
El hallazgo de $739.562 millones debe analizarse dentro del proceso fiscal. La oficina de responsabilidad fiscal tendrá que establecer qué conductas se investigan, qué decisiones se examinan, cuál es el presunto daño patrimonial y quiénes podrían tener responsabilidad. La actuación debe permitir que las personas vinculadas conozcan los cargos o hechos que se les atribuyen y presenten sus argumentos y pruebas.
El proceso no debe confundirse con una investigación penal. La responsabilidad fiscal busca determinar si existió un daño al patrimonio público y si hay personas que deban responder por él. La existencia de un hallazgo no implica que haya un delito ni que la Fiscalía haya formulado cargos por los mismos hechos. Son actuaciones distintas, con autoridades, procedimientos y objetivos diferentes.
¿Qué ha dicho EPM sobre la operación de Afinia?
EPM mantiene una posición institucional según la cual Afinia ha requerido inversiones importantes para modernizar su infraestructura y mejorar la continuidad del servicio. En su portal de transparencia, la empresa informa que entre 2020 y 2024 capitalizó Afinia con $2,73 billones y que las inversiones acumuladas durante los cinco años de operación alcanzaron $3,2 billones. También señala que en 2025 ejecutó $429.000 millones en inversiones. Grupo EPM+1
La empresa afirma que esas inversiones permitieron modernizar subestaciones, intervenir kilómetros de redes, reponer transformadores y poner en operación nuevos circuitos. También sostiene que los indicadores de calidad mejoraron frente a 2019: el indicador SAIDI, que mide las horas promedio de interrupción por usuario, habría disminuido 42 %, mientras que el SAIFI, que mide la frecuencia de interrupciones, habría bajado 62 %.
Estos datos corresponden a la información divulgada por EPM y deben atribuirse a la empresa. No son una respuesta directa al hallazgo de la Contraloría ni lo desvirtúan automáticamente. Las inversiones realizadas, la calidad del servicio y la viabilidad financiera de la compra son asuntos relacionados, pero diferentes. La auditoría debe evaluar si las decisiones tomadas antes y durante la adquisición se ajustaron a los procedimientos y si generaron un eventual daño patrimonial.
La operación de Afinia tiene un alcance regional considerable. Según los datos publicados por EPM con corte a diciembre de 2025, la filial presta el servicio a 1.824.808 usuarios-clientes, equivalentes a cerca de 6,5 millones de habitantes, en 132 municipios de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios de Magdalena. La infraestructura operada incluye redes, subestaciones y transformadores que requieren mantenimiento e inversión permanente. Grupo EPM
¿Qué consecuencias puede tener el proceso fiscal?
La investigación puede derivar en una decisión de responsabilidad fiscal si la Contraloría demuestra que hubo daño patrimonial y que determinadas personas tuvieron responsabilidad en su producción. Si el proceso no acredita esos elementos, no debería imponerse una obligación de pago por el solo hecho de que exista un hallazgo. La actuación también puede conducir al archivo si no se configuran los requisitos legales.
Para los ciudadanos de Medellín, el caso tiene importancia porque EPM es una empresa pública que presta servicios esenciales y genera recursos para el Distrito. Las decisiones sobre adquisiciones, inversiones y administración de filiales pueden afectar su sostenibilidad financiera y su capacidad de atender a los usuarios. La investigación fiscal busca establecer si la compra de Afinia fue tomada con información suficiente y si se evaluaron adecuadamente los riesgos asociados al mercado.
Para los usuarios de la región Caribe, la discusión también tiene implicaciones. Afinia opera un servicio esencial en territorios donde la continuidad de la energía, las pérdidas, el recaudo y las inversiones en infraestructura tienen efectos sobre hogares, comercios y empresas. Una decisión que afecte la sostenibilidad de la filial podría tener consecuencias operativas, aunque todavía no se puede anticipar un resultado de ese tipo a partir del hallazgo fiscal.
El siguiente paso será conocer el informe de auditoría completo, la identificación de las decisiones que se cuestionan y la respuesta formal de EPM. También será necesario revisar si la empresa presentó observaciones al hallazgo y cuáles son los documentos que sustentan el cálculo de $739.562 millones. La publicación de Telemedellín no incorpora el expediente técnico completo ni permite conocer todos los argumentos de la empresa.
La noticia debe presentarse como una actuación de control fiscal en curso. La cifra es alta y el caso merece seguimiento, pero no existe una decisión definitiva de responsabilidad fiscal. La Contraloría deberá demostrar el daño, identificar a los posibles responsables y garantizar el derecho de defensa antes de adoptar una decisión de fondo.