Sabanalarga: prisión preventiva por presunto peculado
Un juez ordenó el 4 de noviembre medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exsecretario de Hacienda de Sabanalarga, investigado por la presunta apropiación de $2.376 millones entre 2020 y 2023. La captura ocurrió el 28 de octubre en Bello y la Fiscalía también indaga hechos en Pueblorrico. La medida no constituye una condena.
Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exsecretario de Hacienda de Sabanalarga, Occidente antioqueño, investigado por la presunta apropiación de $2.376 millones de recursos públicos entre 2020 y 2023. La decisión se conoció el 5 de noviembre, pero la audiencia en la que se definió la medida se realizó el día anterior. Carlos Andrés Taborda Rodríguez había sido capturado el 28 de octubre por unidades de la Dijín en el sector Las Cabañitas, en Bello. La medida de aseguramiento no equivale a una condena: el proceso penal debe continuar y la responsabilidad del exfuncionario tendrá que ser demostrada ante la justicia.
Según la investigación de la Fiscalía, Taborda habría aprovechado el control que ejercía sobre las cuentas municipales por su cargo en la Secretaría de Hacienda para alterar registros de nómina y realizar pagos superiores a los que le correspondían. Una fuente investigativa citada por Caracol Radio y El Colombiano explicó que el salario del funcionario habría sido cercano a $1,4 millones, pero que en algunos registros se habrían efectuado pagos por aproximadamente $41 millones. La hipótesis indica que la diferencia se habría repetido mediante modificaciones en los valores de la nómina, hasta acumular el monto que hoy se investiga.
Cómo habría operado la presunta apropiación
La cifra de $2.376 millones corresponde a la presunta apropiación atribuida a los hechos de Sabanalarga durante el periodo 2020-2023. No debe presentarse como un detrimento fiscal declarado en firme ni como una suma recuperada por el municipio. Para establecer el valor exacto, la Fiscalía deberá demostrar cuáles operaciones se realizaron, quién autorizó o ejecutó cada movimiento, qué cuentas recibieron los recursos y qué parte del dinero puede ser rastreada o recuperada. El expediente judicial y los soportes contables serán fundamentales para precisar la secuencia de los pagos.
El delito imputado es peculado por apropiación, una conducta que se configura cuando un servidor público se apropia, en provecho propio o de un tercero, de bienes del Estado o de recursos cuya administración, tenencia o custodia le fue confiada por razón de sus funciones. En este caso, la investigación se concentra en la presunta alteración de pagos relacionados con la nómina municipal. La Fiscalía debe probar los elementos del delito y la intervención atribuida al procesado; la sola existencia de una diferencia en un registro contable no basta, por sí misma, para establecer responsabilidad penal.
La captura se produjo el 28 de octubre en Bello, municipio del Valle de Aburrá, y no en Sabanalarga. Después del procedimiento, el exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. La audiencia de legalización de captura y la diligencia para definir la medida de aseguramiento tuvieron lugar el 4 de noviembre. El juez ordenó su permanencia en un centro carcelario mientras avanza el proceso. La decisión debe distinguirse de una sentencia: la medida cautelar busca asegurar la comparecencia del investigado y proteger el desarrollo de la actuación, según los presupuestos valorados por el juez.
La investigación también contempla hechos en Pueblorrico
La investigación también se extendió a Pueblorrico, municipio del Suroeste antioqueño, donde Taborda habría trabajado durante aproximadamente cuatro meses después de su paso por Sabanalarga. Las autoridades indagan una posible apropiación adicional de $290 millones mediante una modalidad que, según los reportes periodísticos, tendría similitudes con la investigada en el Occidente. Sin embargo, la información disponible no detalla si en Pueblorrico ya existe una imputación formal, una audiencia de medida de aseguramiento o una decisión judicial. Por eso, los $290 millones deben presentarse como una hipótesis bajo investigación y no sumarse automáticamente al caso principal.
A estos hechos se suma una actuación disciplinaria anterior. En septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Taborda y el entonces alcalde de Sabanalarga, Morel Alfonso Mazo Gutiérrez, por la presunta destinación indebida de recursos de un crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). El organismo de control informó que el empréstito, por $272.838.870, estaba relacionado con la construcción de una placa polideportiva en la vereda El Llano de Oro. La Procuraduría señaló que el municipio habría modificado la destinación del crédito y que la obra prevista no se habría ejecutado, según los elementos revisados en esa actuación.
Ese expediente disciplinario es independiente de la investigación penal por los $2.376 millones. Aunque involucra al mismo exsecretario y al manejo de recursos públicos del mismo municipio, corresponde a hechos de 2019 y a un crédito con destinación específica. La formulación de cargos de la Procuraduría tampoco equivale a una sanción definitiva. El investigado y el exalcalde pueden ejercer su defensa y controvertir las pruebas dentro del proceso disciplinario. La redacción debe mantener separados los dos expedientes para no sugerir que una actuación demuestra automáticamente la otra.