Iván Cepeda cuestiona decreto sobre la protesta social
El senador Iván Cepeda cuestionó el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas. El congresista calificó la medida como una estrategia intimidatoria y afirmó que podría restringir el derecho a la protesta. Sus declaraciones se conocieron el miércoles 14 de octubre, fecha en la que sectores de oposición, sindicatos y organizaciones sociales convocaron movilizaciones en distintas ciudades del país.
¿Qué dijo Iván Cepeda sobre el decreto?
A través de su cuenta en la red social X, Cepeda anunció que participaría en las movilizaciones contra el Gobierno y defendió el carácter pacífico de la jornada.
El senador sostuvo que el Ejecutivo expidió la norma un día antes de las marchas y cuestionó que, según él, no hubiera sido consultada con la ciudadanía ni con las organizaciones sociales. También afirmó que el nuevo protocolo amplía las posibilidades de uso de la fuerza por parte de la Policía, reduce el espacio para el diálogo y podría propiciar la criminalización de personas que participan en manifestaciones.
En su pronunciamiento, el congresista hizo referencia a las intervenciones del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas de 2019 a 2021. Además, comparó esas actuaciones con el enfoque de diálogo que, según su balance, caracterizó al Gobierno de Gustavo Petro.
Cepeda concluyó su mensaje reiterando que los sectores convocados saldrían a las calles y expresó su rechazo a lo que considera posibles actuaciones arbitrarias del Gobierno. Estas afirmaciones corresponden a su posición frente a la medida.
¿Qué establece el Decreto 1525 de 2026?
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1525 el martes 13 de octubre. De acuerdo con la explicación publicada por la Presidencia, la norma define un nuevo protocolo para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y regula el uso de la fuerza estatal ante hechos de violencia, vandalismo o bloqueos viales.
Uno de los cambios destacados por el Gobierno consiste en permitir que la Policía intervenga frente a personas que cometan actos violentos sin tener que esperar necesariamente a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca proteger la protesta pacífica y, al mismo tiempo, dar herramientas a las autoridades para actuar frente a comportamientos que afecten la seguridad, los bienes o los derechos de otras personas.
La diferencia entre ambas posiciones está en la interpretación de los efectos del protocolo: mientras el Gobierno presenta el decreto como un mecanismo para garantizar la movilización pacífica y responder a hechos violentos, Cepeda considera que sus disposiciones pueden ampliar el uso de la fuerza y afectar el ejercicio del derecho a la protesta.
La controversia también llegó al ámbito judicial
Las críticas al decreto no se limitaron al pronunciamiento de Cepeda. El 14 de octubre, los senadores Alejandro Ocampo y Jennifer Pedraza, junto con la representante Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, anunciaron acciones ante el Consejo de Estado para cuestionar la norma.
Según reportó Caracol Radio, los congresistas plantearon reparos sobre la competencia del Ejecutivo para regular aspectos relacionados con el derecho fundamental a la protesta y sobre la necesidad de respetar las reglas constitucionales aplicables.
La discusión jurídica gira, entre otros asuntos, alrededor de los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno, las condiciones para intervenir durante una manifestación y las garantías que deben protegerse cuando las autoridades utilizan la fuerza pública.
La presentación de demandas o anuncios de acciones judiciales no significa que el decreto haya sido anulado o suspendido. Su situación jurídica dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Movilizaciones convocadas para el 14 de octubre
Las declaraciones de Cepeda se produjeron antes de una jornada de movilización convocada por sectores de oposición, organizaciones sindicales, docentes y otros grupos sociales en distintas ciudades de Colombia.
La protesta fue presentada por sus promotores como una manifestación contra decisiones del Gobierno de De La Espriella. Entre los asuntos debatidos en la jornada también se encuentran las garantías para la protesta social y las preocupaciones de distintos sectores frente a las políticas del Ejecutivo.
El Gobierno, por su parte, defendió el decreto como una herramienta para proteger tanto a quienes se manifiestan pacíficamente como a las personas que pueden resultar afectadas por actos violentos o bloqueos.
El desarrollo de las movilizaciones y las decisiones judiciales sobre el Decreto 1525 serán relevantes para establecer cómo se aplica el nuevo protocolo y qué alcance tendrá la controversia sobre sus disposiciones.