Miguel Quintero tendrá detención domiciliaria por caso AMVA
Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, deberá cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso por presuntas irregularidades en seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El juez 27 Penal de Medellín rechazó la solicitud de enviarlo a prisión y dejó en libertad a Sebastián Ortega Urán, también imputado en el caso.
Miguel Quintero cumplirá detención domiciliaria
El juez 27 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías, decidió este viernes 2 de octubre imponer a Miguel Quintero una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
La decisión se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el abogado que representa al Área Metropolitana, quienes habían pedido que el procesado fuera enviado a un establecimiento carcelario.
En la misma audiencia, el juez determinó que Sebastián de Dios Ortega Urán continuará el proceso en libertad y no le impuso una medida privativa de la libertad.
El despacho también rechazó la solicitud de la defensa de Miguel Quintero para excluir del proceso algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
La decisión es una medida cautelar dentro del proceso y no equivale a una sentencia condenatoria. Tanto Quintero como Ortega mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El proceso se concentra en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, relacionados con actividades de gestión del riesgo y fortalecimiento de las capacidades de atención durante la pandemia de covid-19.
Los contratos investigados suman $17.656 millones. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía durante la audiencia de imputación, alrededor de esos negocios se habría establecido un esquema de comisiones que habría permitido la apropiación de $2.481 millones.
La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero habría tenido un papel de coordinación dentro del supuesto esquema, mientras que otros funcionarios y particulares habrían intervenido desde sus respectivas posiciones.
Entre las personas vinculadas al expediente aparecen Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad; Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos Voluntarios de Itagüí. El proceso involucra en total a once personas.
La Fiscalía señaló a Quintero como presunto coordinador
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso presentó la hipótesis según la cual Miguel Quintero habría actuado como presunto determinador y coordinador del esquema.
Según esa exposición, Villada habría tenido un papel dentro del AMVA, Vanesa Álvarez habría intervenido en aspectos jurídicos de la contratación y Sebastián Ortega habría actuado como particular vinculado al entramado investigado. Estas son hipótesis de la Fiscalía que deberán ser debatidas dentro del proceso.
La investigación señala que la comisión inicialmente habría sido del 20 %, pero posteriormente habría sido reducida al 15 % luego de conversaciones entre personas vinculadas al proceso.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, de los $2.481 millones que presuntamente habrían sido apropiados, aproximadamente $1.653 millones corresponderían a Miguel Quintero, mientras que a Sebastián Ortega se le atribuyen alrededor de $133 millones y a Álvaro Villada unos $693,7 millones.
Las cifras corresponden a la hipótesis presentada por el ente acusador y no a una decisión judicial definitiva.
¿Por qué la Fiscalía pidió cárcel para Miguel Quintero?
La Fiscalía había solicitado que Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario. Uno de los argumentos centrales fue el supuesto riesgo de obstrucción a la justicia.
Durante las audiencias, el ente acusador señaló que Quintero tendría capacidad para influir sobre personas vinculadas al proceso y expuso información relacionada con presuntos acercamientos al exgerente de Bomberos de Itagüí Misael Cadavid, uno de los testigos relevantes de la investigación.
Según la Fiscalía, se habrían presentado acercamientos y ofrecimientos destinados a que Cadavid dejara de colaborar con las autoridades o modificara la manera en que entregaba información sobre el caso. Entre los elementos expuestos estuvieron visitas de abogados y un supuesto ofrecimiento relacionado con mejores condiciones de reclusión.
También se mencionaron actuaciones que, según la Fiscalía y el representante de víctimas, podrían estar relacionadas con una estrategia para desacreditar a testigos y cuestionar públicamente la investigación. Estas afirmaciones forman parte de la discusión procesal y no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad penal.
La defensa cuestionó las pruebas
La defensa de Miguel Quintero, encabezada por el abogado Santiago Trespalacios, cuestionó la forma en que la Fiscalía habría obtenido algunos elementos probatorios y solicitó que fueran excluidos del proceso.
El abogado también controvirtió la credibilidad de algunos testimonios y sostuvo que la solicitud de cárcel era desproporcionada. Según Teleantioquia, la defensa presentó el caso como una confrontación política en la que Miguel Quintero estaría siendo afectado por la situación de su hermano.
La Fiscalía, el representante del AMVA y el Ministerio Público se opusieron a la exclusión de las pruebas y sostuvieron que habían sido obtenidas legalmente. Finalmente, el juez rechazó la petición de la defensa.
El proceso tuvo varios aplazamientos
La decisión de este viernes llegó después de varias semanas de audiencias aplazadas y controversias procesales.
La audiencia de imputación inicialmente estaba prevista para julio y posteriormente tuvo diferentes cambios de fecha. Uno de los aplazamientos estuvo relacionado con la incapacidad de la titular del juzgado y con una discusión planteada por la defensa sobre el despacho que debía continuar con la diligencia.
Finalmente, entre agosto y septiembre se desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía presentó formalmente los cargos contra Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanesa Álvarez.
Los cuatro quedaron vinculados al proceso el 10 de septiembre.
Misael Cadavid, uno de los testigos clave
Uno de los nombres que ha adquirido relevancia dentro de la investigación es el de Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Cadavid ha entregado información a las autoridades mediante mecanismos de colaboración con la justicia. Sus declaraciones han sido utilizadas por la Fiscalía para reconstruir cómo se habrían negociado los contratos y cómo se habría distribuido el dinero que, según la investigación, habría salido de la contratación.
La Fiscalía también ha presentado elementos relacionados con supuestos intentos de influir sobre Cadavid. Estos hechos fueron utilizados por el ente acusador para sustentar su solicitud de una medida de aseguramiento más restrictiva contra Quintero.
¿Qué sigue para Miguel Quintero?
Con la decisión del juez, Miguel Quintero deberá permanecer bajo detención domiciliaria mientras continúa el proceso penal.
Sebastián Ortega, por su parte, seguirá vinculado al expediente pero en libertad.
La investigación deberá avanzar hacia las siguientes etapas procesales, en las que se discutirán las pruebas y las responsabilidades individuales de las personas vinculadas.
La decisión de este viernes no determina si Miguel Quintero es culpable o inocente de los delitos que le atribuye la Fiscalía. Esa responsabilidad tendría que establecerse mediante una decisión judicial definitiva.