Gobierno declara urgencia para garantizar pasaportes en 2026
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas colombianas, luego de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al nuevo modelo de expedición de estos documentos.
La medida fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y busca asegurar el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte y de las etiquetas de visa colombiana.
La Cancillería aseguró que, pese a esta situación, el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad en el país y en los consulados colombianos en el exterior.
¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta?
La decisión está relacionada con una medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de septiembre de 2026.
Mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, emitido dentro de una acción popular, el Tribunal ordenó la suspensión provisional de la ejecución de instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que el servicio no se interrumpiera.
De acuerdo con la Cancillería, la providencia judicial también señaló aspectos relacionados con los soportes fiscales necesarios para comprometer vigencias futuras, así como con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado de la operación.
Ante este escenario, el Ministerio acudió a la figura de urgencia manifiesta, contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, para adoptar las medidas contractuales indispensables que permitan mantener el servicio.
¿Qué pasará con la expedición de pasaportes?
La Cancillería indicó que las oficinas encargadas de expedir los documentos y los consulados mantienen su atención habitual.
También confirmó que las citas que ya fueron programadas continúan vigentes y que los ciudadanos no necesitan realizar ningún trámite adicional debido a la declaratoria de urgencia manifiesta.
La medida, por tanto, no implica una suspensión de la expedición de pasaportes. Su objetivo es garantizar que el servicio continúe mientras se define una solución contractual para atender las necesidades de suministro y operación.
En una información publicada el 18 de septiembre, Caracol Radio señaló que la declaratoria permitirá al Gobierno adoptar medidas contractuales indispensables para garantizar la continuidad del servicio. El medio también informó que, paralelamente, la Cancillería comenzó a estructurar un proceso de licitación pública.
La medida tendrá carácter transitorio
La Cancillería explicó que los contratos que se deriven de la declaratoria tendrán un carácter estrictamente transitorio y estarán limitados a las necesidades indispensables para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas.
Al mismo tiempo, el Ministerio inició la estructuración de un proceso de licitación pública para atender esta necesidad de manera permanente.
Según la entidad, ese proceso contará con un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual. La intención es que la solución permanente se tramite mediante un proceso previamente estructurado, mientras se atiende de manera inmediata la continuidad del servicio.
Contraloría tendrá control sobre los contratos
La declaratoria de urgencia manifiesta también contempla mecanismos de control fiscal.
La Cancillería informó que, conforme a la ley, el acto administrativo mediante el cual se declara la urgencia, los contratos que se celebren con fundamento en ella y sus respectivos antecedentes serán enviados a la Contraloría General de la República para el correspondiente ejercicio de control fiscal.
La entidad señaló que la prioridad es mantener la continuidad del servicio y garantizar que los ciudadanos puedan acceder oportunamente a sus documentos de viaje.
Por ahora, la Cancillería reitera que las citas previamente programadas siguen vigentes y la expedición de pasaportes continúa con normalidad mientras avanzan las medidas administrativas y contractuales adoptadas por el Gobierno.